El gobernador neuquino continúa aplicando su política de mano firme en la administración pública. Esta semana, fueron expulsados dos empleados condenados por la Justicia: un abusador y una enfermera que sustrajo vacunas. Se suman a una lista creciente de exonerados por delitos, faltas graves o incumplimiento de funciones.

El gobierno de Rolando Figueroa volvió a marcar un límite claro frente a la corrupción y la impunidad dentro del Estado. Esta vez, se ordenó el despido inmediato de un empleado condenado por abuso sexual y de una enfermera que había sido hallada culpable de robar dosis de vacunas del sistema público de salud.

Ambos casos se suman a una serie de exoneraciones que la gestión viene llevando adelante desde el inicio del mandato, con el objetivo de sanear la planta estatal y garantizar estándares éticos mínimos en el servicio público. La decisión fue respaldada por resoluciones administrativas que remarcan el compromiso con la transparencia y la legalidad.

Desde Casa de Gobierno destacaron que no hay lugar para los condenados en la administración provincial. La política de “tolerancia cero” impulsada por Figueroa busca recuperar la confianza de la ciudadanía y asegurar que el Estado esté al servicio de la gente, libre de complicidades e irregularidades.