El fallo, que la Argentina podrá apelar, responde a la demanda por la expropiación de YPF en 2012, por la que el Estado fue condenado a pagar más de 16.000 millones de dólares.

La jueza Loretta Preska emitió una orden que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. Esta medida se enmarca dentro de un proceso judicial en el que Argentina ya fue condenada a pagar una indemnización millonaria por una expropiación considerada irregular.

El Gobierno nacional anunció que apelará la decisión judicial, argumentando que buscará preservar los intereses del Estado y de los ciudadanos argentinos. El fallo refleja la complejidad y la tensión en torno a la propiedad de YPF, que desde su nacionalización ha sido un tema central en la política energética y económica del país.

Este nuevo capítulo en la disputa judicial pone en foco la magnitud de las consecuencias legales y financieras que derivaron de la expropiación. La indemnización de más de 16.000 millones de dólares ya impuesta marca un precedente importante, mientras la resolución sobre la entrega de acciones agrega una dimensión inédita al caso.