El gobierno de Neuquén busca que los responsables de los casos de corrupción rindan cuentas. Por su parte, los fiscales piden que los imputados sean declarados responsables y enfrenten la justicia en las próximas semanas.

La gestión del gobernador Rolo Figueroa avanza con firmeza hacia la etapa final del juicio por estafa en planes sociales, una causa que puso en evidencia graves irregularidades en la administración de fondos destinados a sectores vulnerables. La decisión de impulsar este proceso judicial refleja la voluntad del actual gobierno de marcar un quiebre con las prácticas del pasado y reforzar la transparencia en la gestión pública.

Desde el Ministerio Público Fiscal se sostiene que existen pruebas suficientes para que los imputados sean declarados responsables de las maniobras fraudulentas que habrían perjudicado tanto al Estado como a las familias beneficiarias. Los fiscales remarcaron que el objetivo es que quienes cometieron estos delitos enfrenten las consecuencias legales, y que el juicio avance sin dilaciones para garantizar una resolución justa.

En este marco, el Ejecutivo neuquino busca transmitir un mensaje claro: no habrá tolerancia frente a la corrupción, especialmente en programas que impactan directamente en la vida de los sectores más necesitados. La causa se ha convertido en un símbolo del compromiso con la rendición de cuentas y con la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.