El Jefe de Gabinete que acompaña a Rolando Figueroa como senador nacional para las próximas elecciones legislativas, reafirmó los pilares del modelo neuquino y la importancia de defenderlo. Es una  estrategia de gestión que viene transformado la administración pública con foco en la equidad, la transparencia y la eliminación de privilegios.

Con miras a las elecciones legislativas del 26 de octubre, La Neuquinidad lanzó oficialmente su campaña con un mensaje claro: la ética pública como pilar de gestión. Los candidatos Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset encabezan la boleta al Senado y han confirmado que Ficha Limpia será el primer proyecto que llevarán al Congreso Nacional, tal como se aprobó en Neuquén.

El proyecto tiene el objetivo de impedir que sean candidatos a cargos electivos y funcionarios públicos, en todo el país, quienes hayan sido judicialmente condenados. En sus fundamentos destacaron que el proyecto implica elevar los estándares de integridad, transparencia y ética que la ciudadanía exige de sus representantes.

Califica como una herramienta legal indispensable, tanto para la salud de las instituciones de la democracia como para la lucha contra la corrupción. 

De aprobarse, Ficha Limpia entrará en vigencia en todo el país, y alcanzará a imputados contra quienes exista resolución judicial de prisión preventiva; los condenados por delitos comunes, delitos por narcotráfico y delitos del Régimen Penal Tributario, cuando la sentencia fuera confirmada en segunda instancia o consentida (cosa que sucede cuando el condenado no interpone impugnación o recurso). Las inhabilitaciones se extenderán por el plazo que dure la condena y cesarán en caso de que la sentencia sea revocada, salvo en el caso de la prisión preventiva, que las inhibiciones cesarán cuando el procesado recupere la libertad.

Las prohibiciones a candidaturas y cargos también afectarán a quienes sean deudores al fisco condenados al pago (hasta que cumplan con sus obligaciones); y a quienes hayan sido inhabilitados por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para el impedimento, la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública, en el ámbito de la nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades.