La línea 144 fue creada en 2013 como un recurso fundamental para prevenir y atender los casos de violencia doméstica y de género en todo el país. Desde su implementación, ha funcionado como un canal de comunicación directa para que las personas en situación de riesgo puedan recibir orientación, contención y derivación hacia los servicios adecuados. 

La línea 144 cumplió 12 años consolidándose como una de las principales políticas públicas contra las violencias de género en Argentina. Fue creada en 2013 bajo la Ley 26.485 (Artículo 9) y desde entonces ha atendido más de un millón de consultas de manera gratuita en todo el país. Desde su inicio, la línea incorporó asistencia a personas con discapacidad mediante videollamadas en lenguaje de señas y guías en lengua clara para quienes no son hispanohablantes, ampliando así el alcance de su atención.

Con el tiempo, la línea 144 amplió sus servicios para incluir al colectivo LGBTI+, que también enfrenta situaciones de violencia por motivos de género, y se integró al Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género. Este sistema permite evitar la revictimización, de modo que la persona afectada no tenga que relatar su situación ante diferentes dependencias del Estado. Además, se incorporó tecnología y personal especializado para mejorar la calidad de la atención, y se sumaron nuevos canales de contacto como WhatsApp y correo electrónico, junto con un sistema de seguimiento de casos articulado con otras áreas para brindar respuestas más integrales.

A pesar de los cambios realizados por el presidente Javier Milei, que incluyeron modificaciones y recortes en la Dirección Nacional de la Línea 144 y su dependencia del Ministerio de Justicia, la herramienta continuó fortaleciéndose gracias a las políticas públicas provinciales. Las autoridades locales reforzaron la coordinación con líneas municipales y provinciales vinculadas a Género, Derechos Humanos, Salud y Educación. 

La línea 144 se consolidó como un recurso de emergencia que brinda atención, contención y asesoramiento mediante un equipo interdisciplinario de profesionales del derecho, psicología y trabajo social, contemplando distintos tipos de violencia, incluyendo la física, psicológica, sexual, económica, simbólica, política, doméstica, institucional, laboral, obstétrica, mediática y en espacios públicos.