Los pagos realizados a través de los llamados ticket canasta o ticket restaurant habían sido cuestionados en la Corte Suprema, debido a que favorecían principalmente a las empresas en lugar de beneficiar directamente a los trabajadores. 

Uno de los aspectos más polémicos de la reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso en diciembre es la posible incorporación del ticket de comida al salario. Al tratarse de un beneficio no retributivo, este tipo de vales no se computaría para el cálculo de indemnizaciones ni de aportes jubilatorios, lo que genera preocupación entre los trabajadores y sindicatos sobre la pérdida de derechos adquiridos. La propuesta impulsada por Javier Milei busca que los empleadores puedan abonar parte del salario a través de estos tickets, reavivando un sistema que ya fue muy criticado en el pasado.

Estos vales, que reducen el salario efectivo, no se contabilizaban al calcular aportes jubilatorios ni aguinaldos, y tampoco se percibían durante las vacaciones o licencias por enfermedad. Esto significaba que los trabajadores no se beneficiaban del valor de los tickets en casos de accidentes, enfermedades, vacaciones, indemnizaciones por despido o incapacidad, ni en el pago de horas extra o adicionales, mientras que las empresas obtenían ganancias considerables a partir de su implementación.

El uso de los llamados Ticket Restaurant, Canasta o Luncheon estaba regulado por el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y fue habitual durante los años ’90, hasta que fue derogado en 2007 tras un proyecto impulsado por el diputado y abogado laboralista Héctor Recalde. El sistema dejó recuerdos negativos entre los trabajadores, tal como evidenció una encuesta de la consultora Zubán Córdoba, que mostró que el 81,3% de los consultados se oponía a un eventual regreso de los tickets como parte del salario.

Los tickets canasta surgieron en 1989 como una medida para contrarrestar la hiperinflación, bajo la gestión de Domingo Cavallo. En su apogeo, alrededor de 5.000 empresas los implementaron, beneficiando al 15% de los trabajadores registrados y representando el 13% de la remuneración. Sin embargo, generaron pérdidas millonarias para el Estado, los trabajadores y los sindicatos, mientras que las empresas emisoras obtenían importantes ganancias por la venta, recompra y colocación temporal de los vales en el mercado financiero. Empresas como Accor y Sodexho se consolidaron como líderes del mercado, controlando gran parte del negocio que movía millones de dólares anualmente.