La provincia patagónica atraviesa una delicada situación financiera que derivó en salidas de funcionarios clave y cuestionamientos públicos desde el gobierno nacional.

La provincia de Tierra del Fuego se encuentra en medio de una profunda crisis económica y financiera, que se reflejó en la renuncia de varios integrantes del equipo económico del gobernador Gustavo Melella y en cuestionamientos directos desde el ministerio de Economía de la Nación. 

La situación abrió un espacio de tensión tras confirmarse la salida del ministro de Economía provincial, Francisco Devita, y de otros altos funcionarios como el secretario de Finanzas y la directora de Hacienda. Sus renuncias, formalizadas a fines de diciembre y comunicadas en los primeros días de enero, dejan un vacío en un área clave en un momento de fuerte presión fiscal. 

El desorden en las cuentas fueguinas se profundizó cuando la administración provincial recurrió a medidas extraordinarias, como solicitar a empresas del polo industrial adelantos de impuestos por unos $20.000 millones para poder pagar el medio aguinaldo de los trabajadores estatales. 

En medio de este escenario complejo, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, salió a criticar públicamente al gobernador. A través de redes sociales sostuvo que “las provincias gobernadas por kirchneristas son las que más impuestos cobran y a las que peor les va”, al comentar la situación fueguina, un mensaje que fue interpretado como un cruce directo con la gestión provincial. 

Desde el entorno de Melella defendieron su gestión y atribuyeron parte de las dificultades a factores estructurales, como la caída de la competitividad de industrias locales y la falta de recursos provenientes del Estado nacional, en un contexto más amplio de reconfiguración productiva y limitada asistencia financiera. 

El cruce político y la crisis financiera llegan en un momento en que la gestión provincial encara la reestructuración de su gabinete y busca oxígeno fiscal, con la mira puesta en recomponer un equilibrio económico que permita sostener los servicios públicos y cumplir con compromisos salariales básicos.