El proyecto respaldado por el diputado libertario forma parte de una iniciativa que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en casos de delitos graves, establecer penas máximas específicas y potenciar medidas alternas como tareas comunitarias y reparación del daño. 

El debate por la edad de responsabilidad penal volvió a instalarse con fuerza en el Congreso Nacional a partir de los proyectos que impulsan distintos bloques, entre ellos el respaldado por el diputado Luis Petri. La iniciativa se inscribe en una discusión más amplia sobre cómo debe responder el sistema penal frente a delitos graves cometidos por menores y qué herramientas necesita el Estado para dar respuestas eficaces sin descuidar los derechos de niños y adolescentes.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años exclusivamente para delitos de extrema gravedad. El planteo busca actualizar el marco legal vigente, que data de décadas atrás, y adaptarlo a un contexto en el que se registran hechos violentos protagonizados por menores, generando un fuerte impacto social y reclamos de mayor intervención judicial.

La propuesta también establece penas máximas específicas, diferenciadas del régimen penal de adultos. El objetivo es evitar sanciones automáticas o desproporcionadas, al tiempo que se fija un marco claro de responsabilidad penal. Según los impulsores del proyecto, se trata de brindar previsibilidad al sistema y evitar vacíos legales que dificulten la actuación de la Justicia en casos complejos.

Otro eje relevante es el fortalecimiento de medidas alternativas a la prisión, como tareas comunitarias, programas de reinserción social y mecanismos de reparación del daño a las víctimas. Estas herramientas buscan complementar el enfoque punitivo con instancias orientadas a la rehabilitación, especialmente en los casos en los que no se trate de delitos con penas más severas.

El debate genera posiciones contrapuestas dentro y fuera del Congreso. Mientras algunos sectores consideran que la baja de la edad de imputabilidad es necesaria para dar respuestas concretas frente al delito, otros advierten sobre el riesgo de profundizar la criminalización de adolescentes sin abordar las causas estructurales, como la exclusión social, la falta de oportunidades educativas y el acceso limitado a políticas de contención.

En este contexto, la iniciativa impulsada por Petri se convirtió en uno de los ejes de discusión en las comisiones legislativas vinculadas a Justicia y Seguridad. El tratamiento del proyecto expone la dificultad de alcanzar consensos en un tema sensible, que combina demandas sociales de mayor seguridad con el desafío de construir un sistema penal que contemple tanto la responsabilidad como la reinserción.