Desde la Procuración del Tesoro aseguraron que el país viene cumpliendo con todas las instancias exigidas y que la respuesta formal será presentada el próximo 19 de febrero, conforme al cronograma establecido por la jueza Loretta Preska.

La Argentina rechazará el pedido de desacato presentado por el fondo Burford Capital en el marco del juicio por la expropiación de YPF, y lo hará dentro de los plazos procesales fijados por la Justicia de los Estados Unidos. Desde la Procuración del Tesoro aseguraron que el país viene cumpliendo con todas las instancias exigidas y que la respuesta formal será presentada el próximo 19 de febrero, conforme al cronograma establecido por la jueza Loretta Preska.

El planteo de Burford solicita que se declare en desacato a la Argentina por no entregar documentación vinculada a correos electrónicos y chats de funcionarios, con el objetivo de probar una supuesta relación de “alter ego” entre el Estado Nacional y YPF. Sin embargo, desde la defensa argentina remarcaron que ya se entregaron más de 113.000 páginas de documentos y se brindaron testimonios de distintos funcionarios, cumpliendo de manera amplia con el proceso de discovery.

Fuentes de la Procuración señalaron que esta nueva moción forma parte de una estrategia de hostigamiento judicial por parte del fondo litigante, a través de pedidos considerados intrusivos y desproporcionados. Según indicaron, el propio CEO de Burford reconoció ante inversores que su objetivo es “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica argentina.

Además, desde el Estado argentino vincularon este pedido de desacato con los recientes avances judiciales favorables al país, que debilitaron la posición procesal del fondo. Entre ellos mencionaron la audiencia de apelación del fallo por 16.000 millones de dólares, el freno a la entrega de acciones de YPF dispuesto por la Cámara del Segundo Circuito, el respaldo internacional recibido y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en Irlanda. En ese contexto, afirmaron que Argentina continuará cumpliendo con el proceso judicial, siempre dentro del marco de su Constitución y sus leyes.

Finalmente, desde la Procuración del Tesoro remarcaron que el objetivo central del Estado argentino es defender los intereses nacionales y resguardar la soberanía jurídica frente a litigios internacionales de alto impacto. En esa línea, aseguraron que la estrategia continuará enfocada en agotar todas las instancias judiciales disponibles, sostener una defensa firme y evitar precedentes que perjudiquen al país, mientras se consolida un escenario de mayor previsibilidad y recuperación económica.