Subsidios millonarios, denuncias cruzadas y sospechas de falta de control estatal

Una fuerte disputa entre las empresas La Nueva Metropol y el Grupo DOTA dejó al descubierto graves irregularidades en el sistema de subsidios al transporte público y puso en el centro de la escena a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. El eje del conflicto es la presunta distribución irregular de unos 30.000 millones de pesos, situación que derivó en acusaciones de fraude, maniobras con el sistema SUBE y ventajas competitivas indebidas en el AMBA.

La polémica se desató a partir de una denuncia presentada a fines de 2025 por cuatro cámaras empresarias, que acusaron a Metropol de adulterar datos de recorridos para inflar las compensaciones estatales. Según esas imputaciones, la empresa habría simulado trayectos más largos para recibir mayores fondos, generando un fuerte perjuicio fiscal. Metropol rechazó las acusaciones y habló de una operación impulsada por competidores, en medio de su proyecto para incorporar colectivos eléctricos importados, iniciativa que afectaría intereses de DOTA.

En este contexto se produjo la renuncia de Luis Pierrini, entonces secretario de Transporte, oficialmente por motivos personales, aunque fuentes indican que su salida estuvo ligada al escándalo. La Secretaría enfrenta ahora cuestionamientos por presunta omisión de controles sobre subsidios que superan los 800.000 millones de pesos anuales. La investigación avanza sobre un sistema históricamente vulnerable, donde la falta de auditorías eficaces habría permitido maniobras irregulares y profundizado la crisis de confianza en el transporte público.

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