Mayoristas advirtieron que la modificación consolida aportes sin control público y hablaron de “impunidad”.

La alteración introducida a último momento en el proyecto de Ley de Modernización Laboral que debatirá el Senado generó una dura reacción en parte del sector empresario. Las críticas apuntan al artículo 128, vinculado a los aportes que se negocian en paritarias y que, según denunciaron, permitiría mantener la recaudación de fondos millonarios sin mecanismos de rendición accesibles.

El texto establece que desde el 1 de enero de 2028 las cuotas solidarias dejarán de ser obligatorias y que ningún trabajador podrá sufrir descuentos sin consentimiento expreso. A la vez, fija límites a las contribuciones patronales: hasta 0,5% para cámaras empresarias y 2% para sindicatos.

Desde CADAM señalaron que existe un conflicto de intereses, ya que entidades como la CAC y la CAME participan de la negociación salarial y, al mismo tiempo, administran recursos que surgen de esos acuerdos a través del INACAP. Recordaron que por esta vía se recaudarían más de $30.000 millones al año y mencionaron que un decreto previo del Gobierno había dispuesto el carácter voluntario de tales aportes.