Mientras antes el seguimiento sobre asistencia y desempeño era reducido, la actual gestión implementó controles biométricos, inició sumarios por incumplimientos, auditó licencias médicas, exigió declaraciones juradas patrimoniales y estableció evaluaciones periódicas para funcionarios políticos, junto con una reducción de la planta política y reorganización ministerial.

Desde el inicio de su mandato, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, impulsó una serie de medidas orientadas a reforzar los mecanismos de control interno dentro de la administración pública provincial. El objetivo declarado fue avanzar hacia un Estado con mayor transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, modificando prácticas que —según el diagnóstico oficial— presentaban debilidades en el seguimiento del desempeño y la asistencia del personal.

Entre las decisiones adoptadas se encuentra la implementación de sistemas de control biométrico de presentismo, con registro digital de ingreso y egreso en distintas dependencias. A su vez, el Ejecutivo informó el inicio de sumarios administrativos en casos de incumplimientos detectados y la revisión exhaustiva de licencias médicas, con auditorías destinadas a verificar la legitimidad de los certificados presentados y reducir el ausentismo irregular.

La gestión también avanzó en el fortalecimiento de herramientas de transparencia institucional. Se exigieron declaraciones juradas patrimoniales a funcionarios políticos y se establecieron mecanismos de evaluación periódica del desempeño en cargos jerárquicos. Estas evaluaciones buscan medir resultados y cumplimiento de objetivos, en línea con el nuevo esquema de reorganización ministerial impulsado por el Ejecutivo.

En paralelo, el Gobierno provincial redujo la planta política y redefinió áreas de gestión, en un proceso que incluyó la eliminación o fusión de estructuras consideradas redundantes. Desde la administración sostienen que esta reorganización permitió optimizar recursos y mejorar la coordinación interministerial.

El paquete de medidas forma parte de una estrategia más amplia de ordenamiento del Estado neuquino, que combina ajuste en el gasto político, mayor control interno y nuevas reglas de funcionamiento administrativo. El desafío será sostener estos estándares en el tiempo y consolidar una cultura institucional basada en controles permanentes y evaluación de resultados.