El diputado nacional defendió desde su banca en el Congreso la modernización del mercado laboral, asegurando que la ley respeta la Constitución y es clave para fomentar empleo formal en un país con alta informalidad.

El diputado nacional Luis Petri defendió desde su banca en el Congreso la reforma laboral aprobada recientemente en Argentina, calificándola como “constitucional, necesaria y razonable” en medio del intenso debate legislativo que se dio en torno al proyecto que impulsó el Gobierno y que ahora será ley. Petri destacó que, si bien ninguna norma es perfecta, la legislación sancionada responde a las necesidades de un mercado de trabajo dinámico y exige revisiones periódicas para ajustarla a la realidad socioeconómica del país.

Desde su posición, el legislador sostuvo que la reforma busca modernizar el mercado laboral, flexibilizando ciertas normas sin desnaturalizar las garantías básicas ya existentes en la legislación. Entre los puntos más discutidos durante las audiencias y debates estuvo el llamado “banco de horas” y la forma en que se compensan las horas extraordinarias, algo que Petri explicó como una herramienta que puede permitir organizar mejor las jornadas laborales según la demanda de cada actividad.

Petri también enfatizó que la reforma no elimina derechos, sino que adapta la normativa a un contexto en el que la informalidad laboral supera el 40 %, según cifras oficiales recogidas en el debate público, lo que para él resulta un desafío urgente a enfrentar. Bajo esa óptica, aseguró que la nueva ley no contradice la Constitución Nacional, sino que se inscribe dentro de las facultades que el propio texto constitucional otorga al Congreso para legislar sobre trabajo y seguridad social, tal como lo establece el artículo 75 inc. 11 de la Carta Magna.

El planteo de Petri se da en un contexto de fuertes tensiones sociales y políticas: la reforma laboral fue uno de los proyectos más controvertidos del último tiempo, con protestas sindicales y críticas de distintos sectores que alertan sobre posibles efectos regresivos en los derechos laborales. Sin embargo, desde el oficialismo y sus aliados parlamentarios se defendió la iniciativa como una herramienta clave para incentivar la formalización del empleo y atraer inversiones, un punto que el diputado mendocino reiteró en sus intervenciones.

Finalmente, Petri adelantó que es probable que la ley sea objeto de acciones judiciales, algo que consideró “natural” en un proceso democrático y propio de toda legislación con impacto profundo. Aun así, reafirmó su convicción de que la reforma es constitucional y que el Congreso actuó dentro de sus competencias para aprobar un marco normativo que, en su visión, contribuirá a dinamizar el mercado laboral argentino en un escenario de alta informalidad y lenta generación de empleo formal.