La norma reduce la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años y fue aprobada tras intensos debates, con el objetivo de “cerrar una vieja deuda” con la justicia y brindar herramientas legales ante delitos graves cometidos por adolescentes.

El diputado nacional por Mendoza y referente de Luis Petri celebró la aprobación de la ley que reduce la edad de imputabilidad penal en la Argentina, una reforma que modifica el régimen vigente y fija en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. Desde el oficialismo sostienen que la medida busca actualizar una normativa considerada obsoleta y dar respuesta a delitos graves cometidos por adolescentes, en el marco de un nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el gobierno nacional.

La iniciativa fue aprobada tras un intenso debate legislativo que atravesó varias sesiones en el Congreso. En la Cámara de Diputados, el proyecto obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, lo que permitió avanzar con la reforma que modifica el esquema vigente desde hace décadas. La normativa establece que los adolescentes de entre 14 y 15 años podrán ser procesados penalmente, aunque con reglas específicas y un sistema de sanciones diferenciado del de los adultos.

El nuevo régimen también introduce límites a las penas aplicables a menores. En caso de condena, los adolescentes podrán recibir hasta 15 años de privación de libertad, y la prisión efectiva quedará reservada para delitos considerados de alta gravedad, especialmente aquellos cuya escala penal supere los diez años. Además, la ley prevé medidas socioeducativas y programas de reinserción para quienes entren en conflicto con la ley penal.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a “cerrar una vieja deuda” del sistema judicial argentino frente a hechos delictivos protagonizados por menores de edad. El debate tomó impulso tras una serie de casos de alto impacto público y se convirtió en una de las principales banderas del gobierno en materia de seguridad, bajo la consigna de que los delitos graves deben tener una respuesta legal efectiva.

No obstante, la aprobación de la ley generó fuertes cuestionamientos por parte de organismos internacionales, especialistas y sectores de la oposición. Instituciones como UNICEF y representantes de la Iglesia advirtieron que bajar la edad de imputabilidad no resuelve por sí sola la problemática de la delincuencia juvenil y reclamaron políticas integrales de prevención, educación y contención social para abordar las causas estructurales del fenómeno.