En el marco de la reforma del régimen penal juvenil, el diputado libertario por Mendoza sostuvo que la iniciativa no se limita a una modificación normativa, sino que apunta a una respuesta integral: incluirá escolaridad obligatoria, tratamiento de adicciones y acompañamiento para la reinserción de los jóvenes.
Desde el enfoque que promueve el Gobierno, la medida apunta a cerrar lo que consideran un “vacío legal” frente a delitos graves cometidos por menores. En esa línea, dirigentes oficialistas sostienen que el nuevo marco busca garantizar que quienes tienen capacidad de comprender sus actos también asuman las consecuencias jurídicas, bajo el principio de responsabilidad individual.
La normativa contempla, además, un sistema de sanciones escalonado que incluye tanto penas privativas de la libertad para delitos graves como alternativas para casos menores, con un tope máximo de hasta 15 años de condena. A su vez, se establecen condiciones específicas de detención, con instituciones separadas del sistema penitenciario adulto y con un enfoque orientado a la resocialización.
Sin embargo, el avance de la ley también generó un fuerte debate político y social. Mientras el oficialismo y sus aliados la presentan como una herramienta necesaria para enfrentar la inseguridad, sectores de la oposición y organismos internacionales cuestionaron su eficacia y advirtieron sobre posibles retrocesos en materia de derechos de niños y adolescentes.
En este escenario, el Congreso se consolida como el ámbito central donde se dirime el alcance de este tipo de reformas, en medio de una discusión que no sólo abarca aspectos legales, sino también el modelo de abordaje frente al delito juvenil y el rol del Estado en la prevención, la contención y la reinserción social.
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