El proyecto de ley, que fue aprobado en la Knesset con 62 votos a favor y 48 en contra, establece que los tribunales militares israelíes deberán aplicar la pena de muerte por ahorcamiento a los palestinos que residan en Cisjordania. Esta medida ha generado preocupación entre organismos de derechos humanos, que advierten sobre la posible aplicación discriminatoria de la norma y los riesgos de juicios injustos en la región.

El pleno de la Knéset aprobó una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas condenadas por asesinatos terroristas, medida que organizaciones de derechos humanos critican porque en la práctica se aplicará principalmente a palestinos residentes en Cisjordania y no a ciudadanos judíos israelíes. La votación contó con 62 apoyos y 48 rechazos.

El texto obliga a los tribunales militares a imponer la pena de muerte a los palestinos encontrados culpables de terrorismo, mientras que los tribunales civiles que juzgan a ciudadanos israelíes pueden optar por la cadena perpetua y deben cumplir condiciones adicionales para aplicarla. La ley fue promovida por el partido del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y recibió el apoyo del primer ministro Benjamín Netanyahu, generando críticas de la oposición que la considera inmoral y claramente inconstitucional.

La reforma establece que la pena de muerte será obligatoria para los palestinos en la mayoría de los casos, aunque no se aplicará retroactivamente ni a los atentados previos como los del 7 de octubre. Además, aunque existe una disposición para que los tribunales puedan imponerla a ciudadanos israelíes en casos muy específicos, en la práctica esta medida queda reservada casi exclusivamente a los palestinos, quienes son juzgados por tribunales militares, mientras que los israelíes son procesados en tribunales civiles.