El legislador mendocino sostuvo que la reforma del régimen penal juvenil apunta a una respuesta integral, con eje en la escolaridad, el abordaje de consumos problemáticos y la reinserción social.

Según planteó, la iniciativa busca actualizar un sistema que considera desfasado frente a las problemáticas actuales, incorporando una mirada integral que combine responsabilidad penal con políticas de contención. En ese sentido, sostuvo que no se trata únicamente de endurecer penas, sino de generar herramientas para intervenir de manera más efectiva en situaciones donde hoy el Estado llega tarde o no llega.

Petri remarcó que el proyecto incluye ejes vinculados a la escolaridad obligatoria, el abordaje de consumos problemáticos y programas de reinserción social, con el objetivo de evitar la reincidencia y ofrecer oportunidades reales de inclusión. La propuesta apunta a articular el sistema judicial con áreas sociales, educativas y sanitarias.

El legislador también señaló que la discusión debe darse sin simplificaciones, teniendo en cuenta tanto el derecho de las víctimas como la necesidad de brindar respuestas institucionales a jóvenes en conflicto con la ley. En ese marco, insistió en que la actual legislación no logra dar respuestas adecuadas a delitos graves cometidos por menores.

Desde sectores que impulsan la reforma sostienen que avanzar en este cambio permitiría mejorar la capacidad de intervención del Estado, dotándolo de herramientas más acordes a la realidad. Al mismo tiempo, subrayan que el enfoque debe ser equilibrado, evitando reducir el debate a una lógica exclusivamente punitiva.

La postura de Petri se inscribe en una agenda más amplia vinculada a seguridad y justicia, donde el oficialismo busca instalar reformas estructurales. En ese contexto, la baja de la edad de imputabilidad aparece como uno de los puntos centrales de discusión en el Congreso, con posiciones encontradas y alto impacto en la opinión pública.