El Gobierno nacional dispuso la instalación de inhibidores para bloquear el uso de celulares en cárceles federales. El objetivo es evitar delitos como extorsiones, secuestros y maniobras delictivas organizadas desde los penales

En Argentina, si bien existen marcos normativos que habilitan el uso de estos dispositivos, su implementación ha sido limitada y desigual. En ese sentido, Petri ha señalado en reiteradas oportunidades que el principal obstáculo no fue la falta de legislación, sino la ausencia de decisión política para avanzar en su ejecución.

Especialistas en seguridad coinciden en que los inhibidores pueden ser una herramienta eficaz, pero advierten que no son una solución aislada. Su funcionamiento debe complementarse con controles más estrictos en el ingreso de dispositivos a las cárceles, sistemas de monitoreo modernos y una mejora integral en la gestión penitenciaria.

También existen desafíos técnicos asociados a su uso, como la necesidad de delimitar correctamente el alcance de la señal bloqueada para no afectar comunicaciones externas, incluyendo servicios de emergencia. Por ello, la implementación requiere estudios previos y una planificación detallada.

En este contexto, la decisión del Gobierno de avanzar con la instalación de inhibidores se inscribe en una estrategia más amplia para reforzar la seguridad y limitar la capacidad del crimen organizado. El objetivo es que las cárceles dejen de ser un punto de planificación delictiva y pasen a cumplir efectivamente su función dentro del sistema penal.

La medida abre un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad en Argentina, donde la combinación entre tecnología, legislación y gestión aparece como clave para enfrentar fenómenos delictivos cada vez más complejos.