El diputado mendocino respaldó a Javier Milei y calificó la medida como necesaria para enfrentar el delito organizado y recordó que impulsa esta herramienta desde 2017, cuando promovió la ley que ya contemplaba los inhibidores: “Era una ley que no se cumplía por falta de voluntad de enfrentarse a la delincuencia”.

Petri recordó que la ley que promovió ya contemplaba la utilización de inhibidores como herramienta para combatir el delito organizado, especialmente en lo que respecta a maniobras delictivas coordinadas desde el interior de las cárceles. “Era una ley que no se cumplía por falta de voluntad de enfrentarse a la delincuencia”, afirmó.

El uso de esta tecnología apunta a impedir que personas privadas de libertad puedan comunicarse con el exterior mediante celulares, una práctica que ha sido vinculada a delitos como extorsiones telefónicas, secuestros virtuales y operaciones de narcotráfico.

Según especialistas en seguridad, la falta de control sobre las comunicaciones en cárceles ha permitido que organizaciones criminales mantengan capacidad operativa aun con sus líderes detenidos. En ese contexto, los inhibidores aparecen como una herramienta clave para limitar esa dinámica.

No obstante, la implementación de estos sistemas presenta desafíos técnicos. Entre ellos, se destaca la necesidad de evitar interferencias en zonas cercanas a los establecimientos penitenciarios, lo que requiere una planificación precisa y tecnología adecuada para delimitar el alcance de la señal bloqueada.

Además, expertos advierten que los inhibidores deben formar parte de una estrategia integral que incluya controles más estrictos en el ingreso de dispositivos a los penales, mejoras en la infraestructura de seguridad y una gestión penitenciaria más eficiente.

En Argentina, la aplicación de estos dispositivos ha sido hasta ahora dispar, con experiencias aisladas y sin una política sostenida a nivel nacional. Por ello, la decisión del actual gobierno de avanzar con su implementación marca un cambio en el enfoque hacia el control del sistema carcelario.

El planteo de Petri vuelve a poner el foco en la brecha entre la legislación existente y su aplicación efectiva, en un debate que combina cuestiones de seguridad, tecnología y gestión estatal, en el marco de la lucha contra el crimen organizado.