Tras un operativo judicial en un sector ocupado de forma irregular, el IPVU avanzará con el ordenamiento urbano y nuevos proyectos habitacionales para familias en situación de extrema vulnerabilidad.
Según informó la Provincia, el procedimiento se concretó en terrenos pertenecientes al IPVU, luego de detectarse una ocupación vinculada al desarrollo de presuntos megainquilinatos. La intervención permitió frenar el avance de construcciones irregulares sobre suelo público y recuperar un espacio que forma parte de la planificación habitacional del Estado provincial.
Desde el gobierno neuquino remarcaron que la decisión no se agota en el desalojo, sino que forma parte de una política más amplia: ordenar el crecimiento urbano y garantizar que las tierras públicas cumplan una función social. En ese marco, el IPVU avanzará con proyectos urbanísticos y módulos habitacionales destinados a familias en situación de extrema vulnerabilidad.
La medida también busca enviar una señal frente a las ocupaciones irregulares y los circuitos informales que terminan perjudicando a quienes más necesitan una solución habitacional. Para la Provincia, recuperar esos lotes permite evitar que el suelo público quede capturado por intereses particulares y, al mismo tiempo, reorientarlo hacia una respuesta planificada, legal y transparente para familias vulnerables.
Con esta intervención en Ruca Antú, la gestión de Figueroa refuerza una línea de gobierno centrada en el ordenamiento, la presencia del Estado y el acceso justo a la vivienda. La recuperación de tierras públicas no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una decisión política: que los terrenos provinciales sean utilizados para generar soluciones habitacionales reales y no para consolidar nuevas situaciones de informalidad urbana.
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